La pata civil de la dictadura, el Padre Mecchia y Campo de Mayo

APCS. La pata civil de la dictadura, el Padre Mecchia y Campo de Mayo

La responsabilidad de la iglesia fue probada en varios juicios donde sacerdotes, monjas e instituciones de la misma, participaron asistiendo espiritualmente a los genocidas, justificando los crímenes y cambiando la identidad/disponiendo de los niños de los detenidos desaparecidos a padres/captores.

En la nota de Página 12 de hoy aparece el sacerdote de Los Polvorines y Capellán del Ejército Luis Mecchia (1975-1983). Un sacerdote polémico por el sostenimiento de un amor oculto y un activo colaborador de los militares genocidas. En la nota se destaca su responsabilidad: Asistió espiritualmente al Genocida condenado y preso Santiago Omar Riveros y ser jefe de los capellanes en la terrorífica área de represión Zona 4 (Desde San Martín hasta Zárate) donde fueron desaparecidos y muertos miles de personas en forma ilegal.

Luis Mecchia organizó los capellanes y tuvo a su cargo la “formación de cuadros” del ejército, el sostén espiritual y moral en la carnicería que estaba realizando el ejército. Al margen de toda ley, los militares necesitaban de una justificación “superior” al cual rendir cuentas, no sucumbir ante la conciencia cristiana fue entonces fundamental para no sentir “culpa” en medio del genocidio.

En la nota se destaca el Sacerdote Capellán Alejandro Cacabelos (Capellán entre 1973-1982 y luego Capellán Mayor del Ejército), familiar de los militantes detenidos-desaparecidos que actuaron en la Estación Adolfo Sourdeaux y estuvieron en el Centro Clandestino de Detención “ESMA”. Eran peronistas de militancia religiosa católica, fueron violadas, asesinadas y tres de ellxs siguen siendo buscados…

Nota de Página 12

La Iglesia católica en Campo de Mayo: la presencia del capellán Luis Mecchia

Por Lucas Bilbao y Ariel Lede

Los capellanes no fueron simples sacerdotes que visitaban las unidades esporádicamente, sino funcionarios públicos remunerados y desplegados en el territorio de manera planificada. Está probada la colaboración numerosos sacerdotes castrenses y policiales ofrecieron a la acción represiva clandestina.

Documento

“Rdo. Padre:

Septiembre de 1975

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. poniendo a su conocimiento que en el día de ayer fui invitado a concurrir a la Jefatura de la Policía Federal en esa dependencia el Señor Sub-Comisario Chávez me anticipó que esa Jefatura me haría llegar una nota comunicándome la entrega de una distinción por una colaboraci6n que el suscripto prestó en un hecho terrorista en el que perdieron la vida tres funcionarios policiales y tres terroristas.

Me comparaba en ese momento el segundo Jefe del Batallón de Comunicaciones 101 de Campo de llago, la distinción anteriormente citada se entregara en la semana de la Policía Federal, por ese motivo solicito se me autorice recibirla.-

Con sacerdotal estima saludo

Firma al pie: Alejandro Cacabelos, Capellán Escuela de Artillería, Tte Gral. Eduardo Lonardi”

Se están llevando a cabo cuatro juicios por delitos de lesa humanidad que involucran a militares de Campo de Mayo y su zona de influencia durante el terrorismo de Estado. En uno de ellos un testigo se refirió al capellán Luis Mecchia, quien de 1975 a 1983 asistió al comandante Santiago Riveros y estuvo a cargo de los capellanes de la Zona 4. A esto se suman nuevas evidencias que surgen de legajos administrativos, boletines del Vicariato Castrense y diarios personales del obispo Victorio Bonamín.

El Vicariato Castrense fue una de las piezas del rompecabezas criminal del terrorismo de Estado. Con más de 400 sacerdotes entre 1975-1983 garantizó la presencia religiosa en la mayoría de las unidades militares del país y más de 100 ejercieron su trabajo pastoral en unidades donde funcionaron centros clandestinos de detención. En la Zona 4 en particular, para el período se registra un total de 36 capellanes, de los cuales 21 trabajaron en dependencias de Campo de Mayo.

Las ocho Jefaturas de Áreas que estaban bajo la órbita del Comando de Institutos Militares, tuvieron asignados en promedio 2 capellanes cada una. Y la documentación disponible permite identificar la presencia de al menos 4 capellanes en unidades de Campo de Mayo donde funcionaron centros clandestinos de detención: el Hospital Militar 602 y la Prisión Militar de Encausados.

La función de los capellanes

Los capellanes no fueron simples sacerdotes que visitaban las unidades esporádicamente, sino funcionarios públicos remunerados y desplegados en el territorio de manera planificada. Está ampliamente probada la colaboración que numerosos sacerdotes castrenses y policiales ofrecieron a la acción represiva clandestina. La misma varió en su intensidad, dependiendo de los contextos. Por el lugar primordial que Campo de Mayo ocupó en la “lucha contra la guerrilla”, se acondicionó allí un dispositivo religioso que resultó eficaz en el sostenimiento moral de las tropas. El Servicio a cargo de Mecchia contó con una jerarquización interna propia, planificación de acciones y formación de los cuadros militares en estrecha coordinación con las autoridades militares y del Vicariato.

Desde 1975 la Iglesia castrense reforzó la actividad de los capellanes y unificó los criterios de intervención pedagógica y pastoral. Algunos capellanes, incluso, decidieron colaborar en operativos, tal como relata Alejandro Cacabelos de la Escuela de Artillería: en septiembre de 1975 escribió al Capellán Mayor del Ejército para informarle que sería distinguido por “la colaboración que el suscrito prestó en un hecho terrorista en el que perdieron la vida tres funcionarios policiales y tres terroristas”.

Dentro de sus funciones pastorales, el Vicariato también preparó los catecismos y oraciones para las tropas. En general, éstas exaltaban los valores de sacrificio, fortaleza o disciplina, y algunas el aniquilamiento de las organizaciones armadas: en 1977, el capellán Salvador Santore de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral solicitaba permiso para imprimir una en favor de “los camaradas, cuadros y soldados que luchan contra la delincuencia subversiva y por la reorganización nacional”, suplicándole a Dios para que les dé “entereza e ideales para continuarla” y a la Superioridad “prudencia y firme decisión en sus actos”.

Documento

“Al Capellán Mayor del Ejército:

Solicito al señor Capellán Mayor quiera solicitar a la Autoridad correspondiente la impresión del texto de la oración que transcribo.

Señor, elevamos ante ti muestras suplicas

por los Camaradas, Cuadros y Soldados

que luchan Contra la delincuencia subversiva y por la reorganización nacional. Dales a ellos entereza e ideales para continuarla,

a los heridos fortaleza en el dolor,

a los muertos el descanso eterno para sus almas,

a sus familiares consuelo,

a la superioridad prudencia y firme decisión en sus actos,

y a todos nosotros animo y valor.

Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor.

Amen

Firma al pie: Salvador Santone, Capellán Castrense, Escuela de Suboficiales Sargento Cabral”.

Confirmando el acceso de la Iglesia a información sobre los métodos clandestinos, en octubre de 1978 el obispo Bonamín registró en su diario personal una conversación con los capellanes Mecchia y Santore respecto al cautiverio en Campo de Mayo: “les consta que por lo menos 20 terroristas puestos ‘en capilla’, rehusaron que se les llevara un sacerdote”.

Se están llevando a cabo cuatro juicios por delitos de lesa humanidad que involucran a militares de Campo de Mayo y su zona de influencia durante el terrorismo de Estado. En uno de ellos un testigo se refirió al capellán Luis Mecchia, quien de 1975 a 1983 asistió al comandante Santiago Riveros y estuvo a cargo de los capellanes de la Zona 4. A esto se suman nuevas evidencias que surgen de legajos administrativos, boletines del Vicariato Castrense y diarios personales del obispo Victorio Bonamín.

Las IV jornadas de pastoral castrense de septiembre de 1976 reunieron en Pilar a la cúpula del Vicariato y a unos 70 capellanes. En una de las sesiones participaron también los comandantes Santiago Riveros y Guillermo Suárez Mason. Este último ofreció una charla “largamente aplaudida” sobre la “lucha antimarxista”, que generó un intenso debate con varias preguntas por parte de los capellanes, como por ejemplo qué debían responder “a los familiares de los subversivos presos sobre su paradero o sobre el trato que reciben”. El obispo Tortolo señaló que “no hay que olvidar que la legítima defensa es ‘legítima’” y “los que en nombre de la Patria la defienden, cumplen su deber con la guerra”, por lo que insistió en “[darnos] a nosotros mismos y a los militares motivos teológicos que nos hagan obrar sin temor y en conciencia”.

Partícipes necesarios

El Vicariato tuvo un grado de conocimiento preciso sobre el funcionamiento, métodos y resultados de la violencia estatal. En enero de 1978 Bonamín registró en su diario una conversación con Raúl Di Carlo, director de la Revista Verbo y ex funcionario del Ministerio de Planeamiento a cargo del general Ramón Díaz Bessone. Entre otros temas, éste le confiaba que ya había “20.000 muertos en la lucha antisubversiva”, cifra que coincide con los informes de inteligencia producidos por la CIA (FOTO 2).

Los juicios contra genocidas de Campo de Mayo no deben minimizar la funcionalidad del acompañamiento religioso para la comisión de delitos de lesa humanidad. En tanto funcionarios públicos, los capellanes tuvieron una competencia institucional sobre lo que ocurría dentro de su jurisdicción. En tanto funcionarios eclesiásticos, ejercieron un poder espiritual que legitimó la violencia estatal, constituyéndose en colaboradores necesarios del genocidio.

La pervivencia de esta institución implica un sostenimiento mensual millonario con partidas presupuestarias destinadas a su funcionamiento. En marzo de 2020 un conjunto de organismos de derechos humanos solicitaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo la supresión de esta institución. Si bien esto requiere un trabajo diplomático complejo, más cerca se encuentra la potestad del Estado de cortar su financiamiento, considerando que el mismo ni siquiera está prescripto en el acuerdo de 1957 firmado con el Vaticano.

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