La impunidad discursiva libertaria y la crisis sanitaria

APCS. Por Jorge Colmán. Los concejales de La Libertad Avanza tienen una enorme capacidad semántica para escapar de la realidad. Como si vivieran en una realidad paralela, hablan de que las empresas privadas van a tomar a los beneficiarios del Programa «Volver al Trabajo» (unos 800.000 beneficiarios) luego de una supuesta capacitación de la que nadie sabe nada. Como si los cientos de miles que quedaron sin trabajo en estos últimos dos años no estuvieran calificados, ni las empresas y comercios cerraran porque no pueden vender nada.

Sobre el achicamiento (hasta el punto de la desaparición) del Programa «Remediar», hablan de «reorganizar» cuando en realidad, y según denuncian los concejales oficialistas locales, «hace cinco meses que no envían medicamentos a las salitas del barrio». Uno puede comprender que van a «reorganizar» un programa, pero mientras tanto deben solucionar el problema de 19.000.000 de personas sin obra social, o al menos girar fondos a las provincias para que las salas y hospitales puedan evitar una catástrofe sanitaria.

También achican la entrega de medicamentos en el PAMI. A esto le llaman «reestructurar» la entrega de tan vitales elementos sanitarios en un segmento de la población vulnerable y empobrecida. Hay que recordar que los jubilados han perdido el 50% de su capacidad de compra con las políticas salariales libertarias: antes tenían una cobertura del 100% de los medicamentos; hoy, gran parte de los adultos mayores debe hacer frente a porcentajes del valor de la medicación que los dejan en niveles de subsistencia críticos.

«El problema es que viven demasiado»

Hoy los concejales recordaron al ministro de Salud, Mario Lugones, cuando encontró «el agujero al mate» diciendo que existe un millón de adultos mayores que superan los 80 años y que 6000 superan los 100 años, para rematar: «PAMI tiene una carga muy grande» porque «cuanto más grandes somos, más dependemos de los medicamentos». Algo así como decir: el problema es que los adultos mayores viven demasiado.

Si el problema es que viven demasiado o son una pesada carga, ¿la solución es recortar el vademécum del PAMI? Y si es cierto que están «reorganizando», «reestructurando» o «reformando» los programas, ¿no sería lógico que dijeran con claridad cuál es la alternativa? El plan alternativo es que no hay plan. Es solo un vulgar recorte para que las maquilladas estadísticas den bien.

El dramatismo de la tercera edad

Mientras tanto, el dramatismo que vive la tercera edad es brutal. Decidir qué medicamento comprar y cuál dejar, que eso sea motivo de consulta en las farmacias o en la mesa familiar, genera indignación, cuando se debe cuidar a quienes dieron su vida a la construcción de la patria y a la fortuna de muchos empresarios y comerciantes. Hablar de ellos como «una carga pesada» es poner en números lo que debe ser un derecho; es faltar la empatía con quienes son depositarios de nuestra identidad y nuestra historia.

El valor de los medicamentos sufrió un aumento significativo cuando el Gobierno nacional desreguló sus precios. En su mundo de fantasía (las «leyes del mercado»), lejos de generar una baja generalizada de precios por competencia, la evidencia muestra que la liberación coincidió con una fuerte escalada de precios, mientras que otras medidas buscaron reducir costos a través de una mayor competencia de genéricos y la importación de medicamentos. ¿El costo lo pagó la casta? Para nada: lo pagan los jubilados y pensionados, como el resto de la población sin obra social.

El escándalo de ANDIS

El escándalo de los medicamentos en el caso ANDIS se centra en una presunta «asociación ilícita» que operó dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para direccionar contratos de medicamentos de alto costo, prótesis e insumos médicos por un monto superior a los 75 mil millones de pesos.

La trama, destapada por audios filtrados del ex director Diego Spagnuolo, involucraba a un «operador paraestatal» externo, Miguel Ángel Calvete, quien manejaba las adjudicaciones en connivencia con los funcionarios Daniel Garbellini y Pablo Atchabahian para beneficiar a un grupo de empresas amigas, como Droguería Suizo Argentina, a cambio de coimas.

El dinero ilícito se recaudaba y se lavaba a través de una compleja red societaria, evidenciado por el hallazgo de USD 700.000 en efectivo en el departamento de Ornella Calvete, hija del operador y funcionaria del Ministerio de Economía, quien también renunció a su cargo.

¿Qué están haciendo con el dinero que recaudan?

Esta fue la pregunta de uno de los concejales en la sesión del Concejo Deliberante. La pregunta sobrevuela los hechos de corrupción, lo caro de una ficción de dólar barato y una estabilidad mentirosa en medio de una crisis sanitaria y económica brutal que golpea por igual a millones de trabajadores y trabajadoras.