APCS. CONADU rechazó la oferta del gobierno y profundiza su plan de acción gremial
El Plenario de Secretarios Generales de la CONADU (Gremio de los docentes Universitarios) se reunió ayer y rechazó por unanimidad la propuesta del Ministerio de Educación por estar desactualizada con respecto a la inflación y el exceso de cuotas que erosionan el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.
Ante esta situación el gremio resolvió profundizar el Plan de Lucha con una Jornada de visibilización el próximo lunes 3 de mayo y un Paro de 24 hs con desconexión el jueves 6 de mayo.
El gobierno propuso una recomposición salarial de un 24% durante este año, más un 9% en enero del año próximo, con tramos compuestos un 8% en abril, 5% en junio; 6% en noviembre; 5% en diciembre y 9% en enero de 2022 (sumando sólo un 24% para el corriente año); incorporando una revisión en el mes de octubre. También los docentes reclamaban un bono por conectividad que reconozca el trabajo extraordinario que vienen realizando las y los trabajadores docentes en la virtualidad desde marzo de 2020.
La Asamblea de la CONADU pidió «ratificar la necesidad de la urgente reactivación de la Comisión de Condiciones de Medio Ambiente y Trabajo para acordar los criterios de la presencialidad administrada en los colegios dependientes de las universidades» destacan en un comunicado.
Resolvieron además sostener el apoyo a la vigencia del DNU del gobierno nacional, que establece la suspensión de la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires, ante el incumplimiento de su Intendente Horacio Rodríguez Larreta.
En tal sentido, el Plenario ratificó el rechazo a la nueva propuesta salarial y definió por unanimidad la continuidad del plan de lucha iniciado esta semana, una jornada de protesta y visibilización para el lunes 3 de mayo y la convocatoria a un paro con desconexión para el día 6 de mayo.
La CONADU reclama un aumento salarial del 35%, durante el año en curso, con mecanismo de revisión, el otorgamiento de un bono para cubrir los gastos de conectividad. Un acuerdo paritario sobre condiciones marco para los protocolos de presencialidad administrada en las escuelas.