APCS. Un modelo de comunicación (*y justicia) extranjerizante

(*) El agregado corresponde a la redacción de esta nota. El mismo busca interpretar el papel que juega la justicia en ese modelo, pero también pone al descubierto lo denunciado por Cristina Fernández de Kirchner en su alegato sobre la causa «Dólar Futuro».

Allí podemos ver las conexiones del juez Daniel Petrone y el poder corporativo que impulso esta causa. La OEA, El Departamento de Estado de los EEUU, FOPEA y los medios de comunicación locales. La nota fue publicada en CODEHCOM el 18/05/2019 y pertenece a Fernando Clavero.

He aquí la nota

En septiembre de 2016 el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública que obliga a los poderes del Estado a responder los requerimientos ciudadanos de cuestiones que hacen a la gestión oficial.

La norma estableció que “concuerda con el consenso regional de la Organización de los Estados Americanos, OEA”. En la entidad internacional esos entendimientos dieron lugar en 2010 al nacimiento de la Ley Modelo Interamericana.

La iniciativa argentina tomó de la OEA las definiciones conceptuales. En su contenido cita continuamente la existencia de regulaciones similares en Chile, Paraguay y Uruguay, y otros países Latinoamericanos.

La defensa de intereses corporativos queda clara al enumerar el régimen de “excepciones”, es decir, de los pedidos que, por ley, no pueden ser satisfechos por el ciudadano. El artículo 8 establece prohibiciones para divulgar contenidos que se refieran a “datos clasificados, confidenciales o secretos”. Pero también veda el acceso a la “información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”; “secretos industriales, comerciales, científicos, o tecnológicos…”; y “contenidos en poder de la Unidad de Información Financiera”.

La Ley de Acceso a la Información Pública creó un organismo de aplicación y el gobierno puso al frente de la entidad al abogado egresado en la UBA Eduardo Bertoni. Con un Master en la Universidad George Washington, y después de ser el titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, el funcionario fue uno de los redactores de la Ley Modelo de la OEA. La misma norma que sirve de orientación a la iniciativa oficial argentina.

Eduardo Bertoni también está vinculado a la Universidad de Palermo donde fundó y dirigió el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Además es exbecario del Instituto de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York y del National Endowment for Democracy (NED).

OEA e intereses corporativos

En los últimos años, las autoridades de la OEA fijaron una posición explícita en torno de las orientaciones de los gobiernos en la región. El secretario general Luis Almagro pidió apoyo internacional a favor del venezolano Juan Guaidó, avaló las investigaciones judiciales en Brasil contra Luiz Inacio Lula Da Silva y se pronunció en contra del populismo.

El Centro de Estudios de Justicia es un organismo dependiente de la OEA. El presidente es el argentino Daniel Petrone. En abril de 2008, como titular del juzgado Penal Económico Número dos, fue designado juez del caso por la valija del venezolano Antonini Wilson. El letrado, al igual que Eduardo Bertoni, está vinculado con la Universidad de Palermo. Además de tener numerosos cargos, se desempeñó como miembro de la Asociación Civil Unidos por la Justicia que fundó Francisco de Narváez y que fue integrada por Germán Garavano y Gustavo Ferrari, ambos ministros de Justicia nacional y bonaerense, respectivamente.

El Centro de Estudios de Justicia de la OEA, donde trabaja Daniel Petrone, considera que son “miembros” de la entidad al Instituto Mexicano para la Justicia, al Instituto Brasileño de Administración de Justicia que tuvo una participación fundamental en el apoyo a las investigaciones del actual ministro Sergio Moro en contra de los gobiernos del PT, y a la argentina Unidos por la Justicia.

Los proyectos de las ONG que fundó Francisco De Narváez, muchos de ellos desarrollados en países de América como Paraguay y Honduras, son financiados por el Departamento de Estados Unidos a través de Usaid, National Endowment for Democracy (NED) y fundaciones extranjeras como la alemana Konrad Adenauer.

Esas organizaciones foráneas son las mismas que podemos encontrar aportando dinero a la Fundación Libertad vinculada al peruano Mario Vargas Llosa y a la alianza gobernante Cambiemos, al Cippec, a la Red Liberal Latinoamericana, a Fopea, y a Chequeado.

Una visión técnica, mercantil y política de la comunicación cruza el continente. Trascienden las sociedades mediáticas. Coordina pautas y es implementada por sus cuadros quienes parecen responder a un mismo guión.