APCS. María Eugenia Vidal también podría estar implicada en espiar opositores

Luego del descubrimiento de cientos de escuchas ilegales a opositores, catedráticos, gremialistas y dirigentes sociales por parte de la AFI con fines de amedrentamiento, políticos y extorsiones económicas, un escándalo sacude a la que fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Se trataría de una red de espionaje ilegal de Cambiemos bonaerense que investigan al menos cuatro juzgados federales en la provincia de Buenos Aires. Dos funcionarios de Auditoria de la policía bonaerense utilizaron medios del Estado Provincial para espiar a instituciones y personas, entre ellas a Marcelo Rochetti, quien fue jefe de Gabinete del ex ministro de Seguridad y actual diputado e integrante de la bicameral de Inteligencia Cristian Ritondo.

La causa trascendió por una investigación ilegal sobre el ex comisario Néstor Omar Martín y su familia. Sin un expediente judicial que lo hubiera ordenado, Guillermo Berra y su esposa, María Rosario Sardiña, ambos de Asuntos Internos de la bonaerense. La investigaron tendría fines como conocer su situación patrimonial en busca de un supuesto enriquecimiento ilícito. “Obtuvieron información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad”.

Al igual que la AFI, investigaron a organismos estatales y privados, nacionales, provinciales y municipales. Desde la AFIP hasta el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, pasando por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Hipódromo de Palermo, la Policía Federal y los bancos Santander y Río.

Entre los investigados están el ex juez César Melazo, los intendentes del Frente de Todos Juan Pablo Mussi (Berazategui), Mario Ishi (José C. Paz y el Diputado y actual inrtendente Fernándo Espinoza (La Matanza) y dos detenidos en la Causa D’Alessio, los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, entre otros.

La imputación es por los delitos de abuso de autoridad y peculado, por haber utilizado en provecho propio los accesos a las consultoras Nosis, Veraz y la Dirección Nacional de Migraciones. Pero de seguir avanzando la causa podrían avanzar en responsabilidades políticas del gobierno de Cambiemos en la Provincia.

En el expediente, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield y el juez Guillermo Atencio, figuran declaraciones de agentes a los que se les encargaron “tareas encubiertas y confidenciales… y que de surgir novedad se le comunique de manera inmediata al teléfono de contacto” de Sardiña.

Ese grupo, según surge de la causa, se formó en 2016 como consecuencia de un supuesto plan para asesinar a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Se la conoció como “Operación Talonario” y fue atribuida a un grupo de comisarios desplazados por la entonces nueva gestión.

Nunca se comprobó la existencia de tal plan que, según aquella hipótesis que hoy parece descabellada, tenía por objetivos a Vidal, a Ritondo y al propio Berra. El modus operandi sería similar al utilizado por el ex-Intendente y luego presidente Mauricio Macri y que María Eugenia Vidal fuera parte de su gobierno en CABA.