El gobierno de Vidal acusado de persecución y discriminación gremial por el juez Luis Federico Arias

movilizacion ate soemeAPCS. El gobierno de Vidal acusado de persecución gremial por el juez Luis Federico Arias

En medio del escándalo internacional del Presidente de la Nación Mauricio Macri por las empresas no declaradas en Panamá y Bahamas, su imputación e investigación; ahora la Gobernadora Maria Eugenia Vidal sigue desoyendo a la justicia.

ATE y SOEME vienen realizando medidas de fuerza, mientras el gobierno provincial no acepta el diálogo. El Juez Federico Arias hizo lugar al pedido de los gremios y exigió al gobierno a que arbitre los medios para recibir y discutir salario con estos. Pero la gobernadora lejos de dialogar y escuchar los reclamos, realizó un descuento enorme a los trabajadores auxiliares que alcanzó a 65.000 familias.

Ante esta situación, los gremios de auxiliares de la educación interpusieron un nuevo recurso legal y lograron una nueva medida cautelar donde el juez ordena al Poder Ejecutivo el cese de los descuentos y la restitución de los haberes del personal afiliado a SOEME y ATE. Plantea además una actitud persecutoria y discriminación gremial.

ATE y SOEME sostienen que se esta burlando la ley 10.430 y se pretende avanzar con privatizaciones en el área educativa. Publicamos debajo el fallo del juez Federico Arias en contra de la gobernadora Maria Eugenia Vidal:

AUTOS Y VISTOS: Para resolver los hechos nuevos y la petición cautelar de fs. 620/624 y: –

CONSIDERANDO: –

1. Que el Dr. Guillermo Daniel Cháves, en carácter de Apoderado del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y de la Minoridad (S.O.E.M.E.), denuncia que las autoridades administrativas, al proceder a la liquidación de los sueldos del personal, practicó descuentos en los haberes de los afiliados a la entidad gremial que participan de las medidas de huelga convocadas por su mandante, provocando una afectación del orden del 70% del salario de los trabajadores. Afirma que dicha medida se realizó con la inclusión de los códigos de descuento “A1084” y “A1085”, en los respectivos recibos de haberes, sin la debida notificación previa del acto administrativo que le dé sustento y en una clara confrontación con la medida precautelar dictada en autos.-

Recuerda que la citada manda judicial ordenó: “con carácter de medida precautelar, la prohibición de innovar para que el Poder Ejecutivo provincial se abstenga de concluir formalmente la negociación paritaria, hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento en la causa; ello sin perjuicio de la continuidad del proceso de negociación paritaria que pudiera llevarse a cabo”, razón por la cual el Sindicato intimó a la Gobernación a la continuidad de la negociación paritaria, sin obtener respuesta. Destaca que en ese marco y pese a la vigencia de la medida cautelar, la Administración profundizó el conflicto al aplicar un descuento a la generalidad de los trabajadores afiliados.-

Califica la medida como una actitud persecutoria y antisindical, dado que aplicó descuentos a todos los afiliados a S.O.E.M.E., por el sólo hecho de pertenecer a dicha entidad, lo que denota una conducta disciplinante en represalia a las medidas de fuerza adoptadas.-

Destaca que esa situación de descuentos generalizada provocó además la afectación de los haberes del personal que se encontraba de licencia (tanto por enfermedad, como por embarazo), circunstancia que demuestra con la agregación de las copias de los recibos de haberes y demás constancias (vgr. certif. de nacimiento, fs. 461/463).-

Con ello, advierte con claridad que el descuento de haberes no reconoce fundamentos en la ausencia al lugar de trabajo, sino por la sola condición de encontrarse afiliado a una organización sindical, razón por la cual sostiene que se trató de una actitud sancionatoria y discriminatoria para sus afiliados que, además, constituye una vía de hecho, en tanto las deducciones salariales no fueron dispuestas por acto administrativo alguno que le sirva de sustento. –

En función de ello, solicita como medida cautelar a que de manera inmediata se ordene al Poder Ejecutivo provincial a la suspensión de los descuentos y a la restitución de los montos ilegítimamente retenidos bajo los Códigos “A1084” y “A1085”, ello con habilitación de días y horas.-

A fs. 633/634, se presenta la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) y adhiere al hecho nuevo denunciado por S.O.E.M.E. y solicita el dictado de la medida cautelar, en razón de que existe peligro cierto de afectación salarial con motivo las medidas de fuerza adoptadas por el Sindicato.-

2. Cabe recordar que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado ni son definitivas ni preclusivas, por lo que pueden reverse o modificarse siempre que se aporten nuevos recaudos. En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas, de acuerdo con las particularidades de cada caso, es siempre provisional, por lo cual la parte interesada está legitimada para solicitar nuevamente su traba aportando nuevos elementos que demuestren su derecho a obtenerla (Ac. 22.815, 15-3-77; conf. Eduardo de Lázzari, “Medidas Cautelares”, ed. Platense, t. I, p. 141 y sig.). –
En autos, las nuevas circunstancias denunciadas por las entidades peticionarias revelan la necesidad de efectuar un análisis de los hechos y el derecho invocado por la parte, sin perjuicio del análisis posterior que habré de efectuar respecto de la procedencia de la medida cautelar solicitada en la petición inicial y que diera fundamento a la medida precautelar de fs. 154/156, del día 15-III-2016. Ello por cuanto se encuentran causalmente vinculadas, en tanto ahora se reclama por el cese de una conducta calificada como sancionatoria y discriminatoria de la actividad sindical, que agrava las condiciones fácticas tenidas en cuenta al momento de su dictado (arts. 202 y 204 del CPCC; y 26 inc. 3 del CCA). –

3. Conforme a lo expuesto precedentemente, corresponde analizar los recaudos de procedencia de la medida cautelar solicitada (art. 22 del CCA): –

3.1. Verosimilitud en el derecho. –

Que en el análisis de las medidas cautelares el juez debe valorar provisoriamente el derecho alegado, sin que ello implique un examen de certeza sobre su existencia (CSJN, Fallos, 306:2060 y 320:1633, entre otros). –

Que en razón de ello, y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de este tipo de procesos, advierto que la petición cautelar de autos se sustenta sobre bases “prima facie” verosímiles, en tanto la conducta que habría asumido la Administración demandada al efectuar descuentos a las personas afiliadas a los gremios involucrados en la protesta, sin distinción alguna y por el solo hecho de su afiliación, constituiría un acto de discriminación sindical prohibido expresamente por los arts. 14 bis y art. 16 de la Constitución Nacional; por los arts. 11 y 39 incs. 2 y 4 de la Constitución Provincial, y del art. 53 incs. “e”, “f”, “g” y “j” de la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales.-

Corresponde destacar que es el propio empleador –aquí demandado- quien unilateralmente habría agravado las condiciones de trabajo, acentuando la desigualdad en la relación contractual de empleo público; asimetría que las normas constitucionales e internacionales de contenido protectorio intentan suprimir o morigerar (vgr. art. 14 bis, y 75 inc. 22 de la CN, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Convenios 151 y 155 de la OIT; y art. 39 de la CPBA).-

​En función de ello, la legalidad de los descuentos compulsivos en los haberes del personal afectado, en el contexto citado, aparece legítimamente controvertida en autos, pues en caso contrario se estarían convalidando actos presuntamente lesivos de los derechos sindicales y laborales de las demandantes, sin que se aprecien justificadas sus razones, mediante el dictado de un acto administrativo que habilite dicho accionar.-

Cabe recordar que en un Estado de Derecho el principio de legalidad preside todo el accionar de la administración, y ésta (en cualquiera de los tres poderes) se encuentra sometida a la ley, debiendo limitar sus posibilidades de actuación a la ejecución del orden jurídico. Este principio de legalidad de la Administración “opera, pues, en la forma de una cobertura legal de toda la actuación administrativa: solo cuando la Administración cuenta con esa cobertura legal previa su actuación es legítima” (García de Enterría, Eduardo – Fernández Tomás Ramón: “Curso de Derecho Administrativo”, Ed. Civitas, Madrid, 10ª edición, 2001, Tomo I, pág. 440).-

En el supuesto de autos, el quebrantamiento al orden constitucional alegado por la actora, surge verosímil, toda vez que los descuentos en los haberes denunciados se producen en un contexto en el cual se aprecia la absorción -por parte de la empleadora- de competencias atribuidas constitucionalmente a otro órgano (art. 39 inc. 4 de la CPBA).-

En ese sentido, la ausencia de reglamentación y puesta en funcionamiento del derecho de solución colectiva de los conflictos laborales, de conformidad a lo establecido tanto, en el art. 39 inc. 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, como en normas internacionales (Convenio de la O.I.T. Nº 151), conlleva de por sí, un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado para con los trabajadores del sector público (Conf. Capón Filas, Rodolfo, “Protección Constitucional del Trabajo”, en LL Sup. Const

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