APCS. Amplio rechazo de la medida intimidatoria desestabilizadora de la policía bonaerense

Ante un reclamo salarial por parte de la policía, un grupo de ellos se movilizó con los patrulleros (en pleno servicio), con los uniformes y el arma que provee el estado para rodear la Quinta Presidencial de Olivos en una clara intimidación política al gobierno democrático.

Rompiendo la cadena de mandos y desprotegiendo a la población que dicen servir rechazan la oferta salarial del gobierno de Axel Kicillof. Hace apenas unos días el gobierno provincial y nacional lanzaron un nuevo programa de seguridad donde contemplaban mejores condiciones de trabajo, mas puestos de trabajo y nuevos patrulleros.

Varios de sus cabecillas (como ejemplo Mariano Alderete) tienen relación o se han manifestado a favor del gobierno de Mauricio Macri, incluso uno de ellos que dijo querer suicidarse (Oscar Pagano de la Unidad Regional de La Matanza) consiguió su reincorporación durante el gobierno de Mauricio Macri. La caída salarial no es algo que ocurrió durante este gobierno, durante 2018 y 2019 se produjo la baja, pero nunca hicieron el desplante a la gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal.

Las Centrales sindicales CGT y CTA de la Regional Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel han repudiado la medida calificándola como «una actitud desestabilizadora de grupos de la bonaerense, apoyados sectores a los cuales no les importa la democracia» y se declararon «en alerta en defensa de la democracia y el respeto y el respeto a las mayorías populares» afirman en un comunicado.

Los Diputados y diputadas del bloque del Frente de Todos expresó «su repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense que rodearon tanto la Quinta Presidencial como la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires». Plantearon que el reclamo salarial es legítimo «luego de la desastrosa gestión económica del gobierno de Mauricio Macri, fue escuchado por el gobierno nacional y provincial , que inmediatamente se pusieron a disposición para dialogar y dar soluciones» manifestaron.

Para la Federación Argentina de Municipios que agrupa a un importante número de intendentes plantean que «El hecho de que efectivos policiales se amotinen en defensa de cualquier reclamo o no, está prohibido por las normativas que atañen al comprotamiento que deben cumplir las fuerzas de seguridad, lo que constituye un acto de sedición, que no debe ser permitido en un estado democrático».

Desde la oposición Horacio Rodriguez Larreta planteo que es inadmisible la presencia de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la Quinta Presidencial de Olivos. El reclamo debe ser canalizado en el ámbito que corresponda. El diálogo es el camino» manifesto en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Nación Alberto Fernández manifesto a la militancia que quería movilizarse a Olivos que «Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo. Afirmo.

El Intendente Leo Nardini también se manifestó sobre el tema «Ante un reclamo salarial válido, que lógicamente se está trabajando para resolver, que nos preocupa y ocupa a todos, considero que rodear la Quinta Presidencial de Olivos con patrulleros y personal armado, no es el camino para resolver dicho reclamo» destacó.

Desde el SERPAJ zona Norte enviaron un comunicado donde plantean que «No hay casualidades. Con el mismo pretexto salarial de la policía de la Provincia de Bs. As. fue el intento de golpe de Estado en Ecuador contra el Presidente Rafael Correa». Llamaron además a «Los efectivos policiales tienen que reflexionar sobre su actitud y no dejarse llevar y ser utilizados por quienes arman estos intentos de desestabilizar gobiernos democráticos».

Desde la Agrupación La Jauretche en «Es Tiempos de Igualdad» destacaron que «es peligrosa la actitud sediciosa de efectivos con armas, patrulleros y uniformes que provee el estado, amenacen la democracia y las autoridades legítimamente constituidas», que este tipo de manifestaciones «es ilegal, aunque el reclamo salarial se legítimo».