Lugar común la muerte

Se inició en Bariloche una tardía búsqueda de diálogo con la comunidad mapuche que ocupa un sector del Parque Nacional Nahuel Huapi. Tardía, porque al mismo tiempo se estaba realizando la autopsia y luego el velatorio de Rafael Nahuel, 22 años, joven que acompañaba a familiares mapuche y resultó asesinado por un balazo de plomo disparado por personal de la Prefectura. Las voces, las operaciones, la militarización en la zona y una reflexión sobre la paz interior y la violencia estatal.

Una masiva y pacífica marcha llegó este domingo desde El Alto hasta el Centro Cívico de Bariloche, haciendo una parada frente a la morgue en la que se estaba realizando la autopsia del cuerpo de Rafael Nahuel, 22 años, el joven asesinado por una bala de plomo durante la persecución desatada por fuerzas de seguridad, en el marco del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu producido esta semana.

“Veníamos alertando sobre esta situación”, cuenta a lavaca Luis Pilquiman, referente de la Zona Andina de la Coordinadora Mapuche. “Aunque nunca pensamos que esto podía terminar en la muerte de un hermano”. Detalle: “Aquí no hubo un enfrentamiento. Los hermanos usan hondas pero no armas de fuego. Los estaban persiguiendo y es por eso que el balazo que recibió Rafael fue de atrás y ascendente”.

Pilquiman informa sobre las novedades del domingo: “Estuvimos en la zona del conflicto, hay allí dos hermanos heridos de bala pero en buen estado, que junto a otros hermanos no aceptan salir del territorio. Hubo además una buena actitud del juez de abrir un diálogo para resolver la situación pacíficamente”, explica Pilquiman.

El juez federal Gustavo Villanueva y el obispo Juan José Chaparro, además de organismos de derechos humanos, la abogada de la comunidad Natalia Araya, el propio Pilquiman y representantes de otras comunidades mapuches estuvieron en la zona con quienes sobrevivieron a la razzia desatada por el grupo Albatros de la Prefectura, que terminó con la vida de Rafael Nahuel.

“Rafael era mapuche de origen, como el 80 por ciento de los chicos de El Alto, pero recién ahora estaba en un proceso de autoreconocimiento como mapuche”, cuenta Alejandro Palmas, Duke, del Colectivo Al Margen, organización social y medio de comunicación que trabaja en los sectores más vulnerables de Bariloche.

Paradojas crónicas: “Rafa participaba en el espacio de prevención y promoción de derechos de Al Margen, en la parte de educación no formal de la organización. Su tía es lonko y su prima también pertenece a la comunidad. Rafa fue allí como solidaridad con esos familiares. Hemos quedado todos muy golpeados por esa muerte de un chico carismático, trabajador y que participaba mucho en los talleres de formación sociolaboral”.

La muerte de Rafael ocurrió el día que se producía el velatorio de Santiago Maldonado en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires.

El hecho se sumó informativamente a la angustiosa búsqueda de los 44 desaparecidos del submarino ARA San Juan. Todas muertes que se acumulan como un signo de la época, y en las que la estrategia oficial ha oscilado entre el silencio, las operaciones de prensa, las falsedades y las incoherencias.

En el caso específico del asesinato de Rafael Nahuel, la realidad indica otro recrudecimiento de la violencia estatal hacia personas que reclaman sus derechos. Dice Alejandro: “Después de lo de Maldonado nunca nos hubiéramos esperado que pasara algo como lo de Rafa. No lo podemos creer”.

La secuencia

El 10 de noviembre último la comunidad Lafken Winkun Mapu comunicó por Facebook “la recuperación territorial en zona donde se encuentra ubicado el Reimu Lafken, más conocido como Lago Mascardi”.

También a través de Facebook, de la página de la Red de Apoyo de Comunidades en Conflicto, ese mismo día se comunicó que recibió una notificación de una orden de desalojo que, según indicaban, se haría efectiva al día siguiente. Según el diario Río Negro, el 11 de noviembre uno de los integrantes del territorio dijo que la recuperación territorial, si bien se había hecho pública el 10, llevaba ya unos dos meses. Dos días después, el diputado nacional por Cambiemos Sergio Wisky calificó de “inadmisible” la recuperación, que se ubica en tierras de Parques Nacionales (el Nahuel Huapi), sobre el kilómetro 2006 de la Ruta 40.

El 14 de noviembre, informaron que “hubo dos intentos de desalojo por parte de la Policía Federal” y que la comunidad “los resistió”. Según informaron, había efectivos de civil y monitoreos de drones.

El desalojo se produjo el jueves 23 de noviembre. La comunidad denunció que fuerzas federales llegaron al territorio a las 5:30. Gendarmería Nacional cortaba la ruta, con un bloqueo a la altura de Los Baqueanos: según informaban diarios locales, no se podía circular desde Bariloche hacia El Bolsón. El sitio DeBariloche contabilizó 170 policías de la Policía Federal, 100 prefectos, que se suman a los gendarmes y un helicóptero.

Luis Pilquiman calcula que fueron 400 efectivos: “Y solo necesitaron cuatro para detener a cinco mujeres y sus pequeños que no se resistieron. Fue todo un montaje y algo lamentable: dicen que no hay recursos para hacer cosas beneficiosas para la gente, pero sí tienen recursos para venir a atacar a las comunidades”.

La presencia de diferentes grupos (Gendarmería, Prefectura, policías federal y provincial, grupo GEOP), armados como es costumbre y con el acompañamiento de drones, se mantuvo en la zona para buscar a quienes alcanzaron a escapar a la razzia del jueves. Los cortes de ruta y retenes impedían el acceso 12 kilómetros a la redonda de la zona del Mascardi.

El Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich publicó un curioso Informe sobre los hechos ocurridos en Villa Mascardi en el que describe erróneamente que los terrenos habían sido tomados por la RAM, que cuatro integrantes del grupo Albatros se cruzaron con 15 o 20 personas “encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos”. Dice que ese grupo agredió a los Albatros con “piedras, boleadoras y lanzas” y que “avanzó utilizando movimientos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente lo que demostraba la preparación militarizada del grupo que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento”. Con este tipo de argumentos el supuesto “Informe” intenta justificar el homicidio de Rafael Nahuel aunque “lamenta lo sucedido”, todo lo cual puede incluirse en la categoría de mensajes que en los últimos años se ha dado en llamar posverdad.

Dice Luis Pilquiman: “Son todas mentiras, este domingo hemos visto elementos en el lugar que demuestran cómo fueron las cosas realmente, y ahora el juez Villanueva ha mostrado voluntad de investigar esos hechos en el lugar”.

La doctora Natalia Araya, abogada de la comunidad: “Lo que nos cuentan los compañeros es que el sábado estaban en el territorio después de haber caminado dos días por la montaña. Que eran 3 ó 4 y que, de repente, se aparecen entre 6 y 8 efectivos de Prefectura. Los empiezan a correr, a disparar, para cazarlos. Ahí fue que subieron a la montaña y le pegaron el balazo a Rafael”.

Hubo otros dos heridos. Explica la doctora Araya: “El médico las revisó: no tienen heridas de gravedad, las balas tienen orificio de entrada y salida. Una de ellas, Johana, tiene la bala en el hombro. El otro es un varón. Ambos están vivos”.

El juez Villanueva había planteado que los dos heridos y otros mapuches en la zona serían detenidos y liberados este mismo lunes si se presentaban voluntariamente. Rechazaron el ofrecimiento, informó Luis Pilquiman a lavaca: “Y por suerte se abrió una instancia de diálogo en la que el juez parece mostrar muy buena voluntad de acercar a la comunidad con quienes hicieron la denuncia: Parques nacionales”.

Negocios y Constitución

¿Puede haber influencia de especulaciones o negocios inmobiliarios privados sobre la zona? Pilquiman: “No lo puedo asegurar en este caso, pero en esta zona el problema de la especulación inmobiliaria está siempre latente y es enorme. Por otro lado se sabe que desde que entró en funciones el actual gobierno nacional, a través del decreto 820 se amplió la posibilidad de que se compren tierras de áreas públicas, y son todos temas inmobiliarios que no se pueden quitar del análisis en situaciones como ésta”.

Aclara Pilquiman: “El nivel represivo venía agitándose en los medios, que decían que la ocupación la había hecho la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Eso es falso, eso busca demonizar a las comunidades. La propia comunidad ha expresado que no tiene vínculo con esa organización, ni con cuestiones políticas. Es una comunidad volcada al trabajo espiritual. Como viven en un barrio de Bariloche, consideraron que ese tipo de cuestión espiritual y ceremonial debe realizarse en zonas rurales. Eso es lo que están buscando en la zona”.

Lejos de lo ceremonial y lo espiritual, explica Alejandro de Al Margen: “Bariloche está muy movilizada y las fuerzas de seguridad abarrotaron la ciudad. Ahora que mataron a Rafa no se los ve tanto. Pero sabemos que ahí están”.

Otra mirada sobre la cuestión fue aportada a lavaca por la abogada Cristina Hendrickse: “El Estado sigue siendo poco inteligente. En lugar de apaciguar, alimenta el conflicto. En lugar de escuchar, reconocer al otro, incluirlo, buscar alternativas, negociar, invitar a terceros a mediar, genera otro mártir. Realmente hay que ser muy primitivo para afrontar un conflicto tan delicado con balas de plomo. El Preámbulo de la Constitución ha sido tirado por el piso cuando dice: ‘Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior’. A ver quién lo levanta”.

Este lunes tal vez se conozcan los primeros resultados de un tipo de estudio que está teniendo creciente aplicación para interpretar el devenir de los conflictos sociales del presente: la autopsia.

Fuente: la vaca

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