Funcionarios de Maria Eugenia Vidal son procesados y la complican junto a Mauricio Macri

APCS. Funcionarios de Maria Eugenia Vidal son procesados y la complican junto a Mauricio Macri

La Causa de la Mesa Judicial, una presunta asociación ilícita para perseguir a través de la justicia a políticos opositores esta avanzando y complican a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. El juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata Julio Garro, el senador de Juntos Juan Pablo Allan, a otros exfuncionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa de la mesa judicial por dedicarse a armar causas ilegales contra el sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.

Después de tomar indagatoria a los 14 asistentes a la reunión de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia que quedó registrada en los archivos de la AFI y rechazar la declinatoria de competencia por las defensas para llevar el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py (lugar donde el macrismo tiene fuertes vínculos con jueces amigos), Kreplak decidió procesar a los exfuncionarios y exespías y dictar falta de mérito para el grupo empresarios de la construcción de La Plata que también aparecen en el video de la mesa judicial.

En concreto, los procesados por el expediente de la mesa judicial bonaerense son el exministro Villegas, el intendente Garro, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

Vale aclarar, que el único exfuncionario de Vidal que había participado de la reunión en el Banco Provincia y Kreplak resolvió otorgarle la falta de mérito es el entonces ministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante, que ejercía desde unas coquetas oficinas en la Ciudad de Buenos Aires que había hecho remodelar.

En tanto, a todos los procesados por espionaje ilegal y prevaricato en la causa de la mesa judicial bonaerense, el juez Kreplak les trabó embargos por 10 millones de pesos.

En el escrito, Kreplak señaló que las órdenes se tomaron más arriba, por lo que sostuvo la necesidad de continuar con la investigación para determinar otras responsabilidades de escalones superiores del Gobierno de ese entonces, la AFI y funcionarios judiciales que participaron del armado de la mesa judicial bonaerense.

El magistrado entendió que la reunión de la mesa judicial en la sede porteña es un eslabón, una maniobra más dentro del entramado de las estrategias de judicialización del Gobierno de Vidal contra el Pata Medina y otros sindicalistas.

Es decir que ese encuentro de la mesa judicial, como otros posibles que aún se desconocen, “implicó el desarrollo de tareas de investigación criminal sobre Medina y su entorno por parte de miembros de la AFI, que abarcaron vigilancias encubiertas, tomas de fotografías, análisis de vínculos y compulsa de bases de datos que no son de acceso abierto, para la consecuente elaboración de informes, todo ello sin que existiera requerimiento judicial alguno”, lo que implica tareas que exceden los límites que impone la ley de inteligencia.

En el fallo de casi 250 páginas sobre la mesa judicial el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados que habrían llevado a violar la ley de inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio del sindicalista de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) platense.

“La multiplicidad y consistencia de la prueba producida en los escasos meses de instrucción transcurridos desde la interposición de la denuncia que diera origen a estas actuaciones ha permitido reconstruir en un grado de elevadísima probabilidad, el modo en que sucedieron los hechos”, afirmó Kreplak.

El magistrado detalló a lo largo de su resolución los numerosos contactos entre los exfuncionarios del Gobierno bonaerense de Vidal (2015-2019) y las autoridades de la AFI durante el Gobierno de Mauricio Macri, como así también los contactos entre los ahora procesados y el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, donde tramitaba una de las denuncias contra Pata Medina.

“Si bien el contenido de la registración audiovisual de la reunión del 15 de junio de 2017 resulta contundente por la cantidad y calidad de información que aporta, las restantes medidas adoptadas en el sumario no sólo han permitido corroborar todo cuanto de allí surge sino incluso avanzar decisivamente en la reconstrucción de los sucesos que se han narrado precedentemente”, sostuvo Kreplak.

Para el magistrado, de la prueba colectada en la causa de la mesa judicial surge que “hubo una trama oculta” detrás de la estrategia de judicializar los conflictos que pudieran tener los empresarios de la construcción de La Plata con la Uocra de ese distrito y más particularmente con el Pata Medina y su más cercano entorno.

En conclusión, Kreplak cree que los acusados por el presunto funcionamiento de la mesa judicial recurrieron a herramientas ilegales y a la colaboración prohibida por ley de los agentes de inteligencia para lograr el fin deseado: la detención del Pata Medina.

Mesa judicial: el punto de origen

Otro de los ítems más importantes de la resolución de Kreplak, es la puntualización sobre la cadena de órdenes y la implicancia del entonces Gobierno nacional a cargo de Mauricio Macri en las decisiones de la mesa judicial bonaerense.

“Ha sido corroborado por otros medios, un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial”, señaló el juez en su fallo.

En esa línea, Kreplak remarcó que la coordinación de la mesa judicial supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque “no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores”.

Fuente Diputados BA

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