APCS por Jorge Colmán. Un protocolo represivo que utiliza las fuerzas de seguridad y la justicia para amedrentar a los que protesten

Las salvajes medidas económicas tomadas por el gobierno de Milei y Macri no tienen como fin solucionar el problema económico, vienen a formatear definitivamente la matriz productiva de la república. Para lograr este objetivo necesitan sofocar, someter y perseguir a todas las organizaciones sociales, de ddhh, políticas y gremiales que salgan a la calle a defender un sistema de redistribución y justicia social.

El protocolo de seguridad para el «Orden y Progreso», un «orden» que sostenga el poder económico concentrado y trasnacional (representado claramente en el gobierno) y el «progreso» pautado en el recetario del Consenso de Washington y el FMI. La persona encargada es Patricia Bullrich, que ya fracaso rotundamente durante el gobierno de Macri, que tiene el claro objetivo de utilizar todas las fuerzas federales a su cargo y al poder judicial (adicto al Macrismo) para instalar el terror sobre cualquier dirigente o manifestante.

Desde el punto de vista legal es un mamarracho jurídico, arancelar la seguridad a cuenta de las organizaciones gremiales, sociales y políticas es un engendro inentendible. ¿Van a cobrar los shock eléctricos de las taser? ¿Las balas de goma, los gases, las vallas o a los uniformados para utilizarlos?.

Buscan golpear además la logística de los movilizados, intentando amedrentar a las empresas de transporte para que no lleven manifestantes poniéndoles multas o secuestrando los vehículos con cualquier pretexto. Para que las madres no lleven a sus hijos e hijas utilizarán la justicia cómplice con citaciones intimidantes, algo imposible de sostener desde el punto de vista jurídico, pero que servirá para asustar a las familias.

Tanto la prensa en general, como el mismo comunicado, apuntan contra los «piquetes», pero en realidad es un protocolo contra la protesta social: contra aquellos que protesten por la devaluación del 50% de la moneda, el aumento sin control de los productos de la canasta básica, contra el aumento de la nafta del 37%, contra los miles de despidos de la administración pública o de las empresas de la obra pública.

Todo sazonado con un relato de personeros políticos que fracasaron y fueron repudiados durante el gobierno de Mauricio Macri, Un «Toto» Caputo que habla de una «herencia económica» que el mismo originó, timbeando decenas de millones de dólares que todo el pueblo tiene que pagar. La violencia discursiva de decir que «si un producto es caro, no lo va a comprar nadie», cuando se habla de la leche, la carne o los fideos. Aumento de impuestos y reinstalación de otros que ya habían sido eliminados, con un contrato político y social que ha sido violado en forma fragrante.

Lo peor esta por venir porque buscan instalar una sociedad donde las personas sean meros consumidores, cuando reducen salarios y se elimine el ciudadano quitándoles sus derechos. La palabra «libertad» esta siendo prostituida, para instalar un recetario neoliberal y saquear los recursos del estado en manos de una casta de empresarios, financistas acostumbrados a la cleptocracia.

Comunicado del gobierno de Milei y Macri:

SIN LIBERTAD NO HAY ORDEN Y SIN ORDEN NO HAY PROGRESO

Ciudad de Buenos Aires, 14 de diciembre de 2023. Presentamos el protocolo para garantizar el orden público frente a los cortes, piquetes y bloqueos que impiden a los argentinos vivir en paz.

Por instrucción del presidente de la nación y con la firme convicción de hacer cumplir la ley a rajatabla y de cuidar a quienes nos cuidan, resolvemos lo siguiente:

1. Que las 4 fuerzas federales intervendrán frente a cortes, piquetes o bloqueos, ya sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple.

2. Las fuerzas podrán intervenir sin orden judicial, como lo determina el artículo 194 del Código Penal para los delitos en flagrancia.

3. No se tomará en cuenta que hayan vías alternativas al tránsito o la circulación. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal.

4. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación.

5. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia.

6. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito.

7. También se identificarán a los vehículos utilizados para registrar una infracción administrativa y/o penal.

8. Los datos de las autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes.

9. También se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Por ejemplo: la quema de cubiertas.

10. En el caso de participación de niños y adolescentes se dará aviso a la autoridad competente de la protección

de los mismos y se procederá a sancionar a aquellos que lleven niños a los piquetes.

11. Los costos vinculados a los operativos de seguridad serán cubiertos por las organizaciones o individuos responsables. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones.

12. Se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos.