«El decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas de seguridad tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia afecta un fabuloso negocio del que participan miembros de los servicios jurídicos y/o contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos.

Uno de esos jueces es oficial retirado de la Gendarmería y otra ya fue destituida en juicio político. Esto permitió que el 79 por ciento de los más de 30.000 agentes en actividad de la Gendarmería y el 60 por ciento de los 16.500 de la Prefectura, cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al ciento por ciento en las cúpulas. Lo mismo ocurre con la mitad de los retirados y pensionados de ambas fuerzas.

De acuerdo con un informe realizado en julio por la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de Seguridad (es decir mucho antes del acampe), debido a estos amparos judiciales “la autoridad política ha perdido absolutamente el control sobre la política salarial”. El intento de retomar ese control, mejorar los salarios más bajos y contener los más altos, provocó una insidiosa respuesta por parte de quienes gozaban de los beneficios de la situación anterior.

Como se hizo la liquidación y se borraron los liquidadores

«Toco y me voy»

Luego del fallo Zanotti, que la Corte Suprema de Justicia dictó en abril de este año, los ministerios de Defensa y de Seguridad y las oficinas contables de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad realizaron ejercicios de simulación sobre distintas hipótesis, cuya conclusión fue la firma de dos decretos presidenciales con criterios para fijar escalas de haberes que blanquearan la situación anterior y que no implicaran reducciones en los ingresos de bolsillo de los grados inferiores.

El martes 25 de setiembre, el Prefecto General Carlos Horacio Farrell, a cargo del Servicio Administrativo Financiero de Prefectura, comunicó al ministerio que se contaban con los dedos de una mano los casos en los que el reordenamiento implicaría una reducción del ingreso de bolsillo. Pero el jueves 27, cuando las autoridades civiles pidieron ver los datos en detalle, a esa mano le habían crecido ocho mil dedos, mientras otros once mil agentes tendrían aumentos.

La ministra Garré y el secretario Berni ordenaron parar la liquidación, a lo que el Prefecto Nacional Naval Oscar Adolfo Alvarez se comprometió el lunes 1. Pero Farrell, el Prefecto Mayor Daniel María Giusto y el Prefecto Principal Alonso, a cargo de la liquidación, depositaron el dinero en el Banco Patagonia junto con la discriminación en soporte magnético de lo que correspondía a cada cuenta individual y partieron de la ciudad. Farrell para recorrer “los asentamientos de la Patagonia en una visita de inspección contable y financiera” (sic); sus dos colaboradores, de licencia.

El martes 2 comenzó la toma del edificio Guardacostas y más tarde del Centinela, sede de la Gendarmería. Esa misma mañana, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina informó en conferencia de prensa que se depositaría la diferencia para que nadie percibiera menos que el mes anterior. Lejos de levantar el acampe, los prefectos escalaron el reclamo hasta exigir un mínimo inicial de bolsillo de 7000 pesos mensuales, que el Estado no puede admitir sin provocar un reclamo en cadena que conmocione al resto de la administración pública. Este parece ser el objetivo subsistente de la protesta, una vez que el gobierno (al que tanto se reprocha la carencia de diálogo y autocrítica) revocó su medida y anunció que pagaría compensaciones a todos los sueldos menores a 12.500 pesos.

Horacio Verbitsky, Página 12